Octubre de 2019, Chile. Mes del inicio de una de las crisis más profundas que ha vivido el país. Lo que en primera instancia se pensó era una reacción al alza en 30 pesos del pasaje de transporte subterráneo en la capital (Metro), realmente fue el gatillante para muchas demandas sociales que se aglutinaron, decantando en un proceso histórico desde el regreso a la democracia para esta población al sur del mundo, donde incluso el cambio de su Carta Fundamental es posible.
El impulso lo dieron los jóvenes a comienzos de aquel mes, muchos de ellos representando la continuación de la “revolución pingüina” de los estudiantes secundarios en 2006. El recordado grito que exigía una mejor educación ahora se viralizaba en las redes sociales, convocando a otros a evadir el pago del Metro. Mientras que las autoridades no entendían por qué este grupo, que no se veía afectado directamente por el alza, hacía propia esta demanda, ellos respondían que era un acto necesario ante la crisis económica que afectaba a la población más empobrecida, ya que el gasto en movilización mensual equivale a cerca del 20% del sueldo mínimo del país.
Hasta que el 18 de octubre la situación explotó. Barricadas y cacerolazos pasaron a acciones más radicales. Veinte estaciones del Metro incendiadas, múltiples saqueos en diferentes puntos del país decantaron en una incertidumbre económica que provocó un aumento del valor del dólar hasta los 800 pesos. El Presidente Sebastián Piñera habló de estar en “guerra” y decretó Estado de Emergencia, el que llevó a los militares a la calle, situación que se extendió hasta el 28 de octubre.
A pesar de la agitación social y de las limitantes propias de la orden dada por el Poder Ejecutivo, el 25 de octubre se realizaron multitudinarias marchas en todo Chile, alcanzando 1,2 millones de manifestantes en Santiago, esta última considerada la más masiva desde el regreso a la democracia. Si bien el Presidente declaró ese mismo día haber “escuchado el mensaje” y que el alza del Metro había sido congelada, la gente esperaba más cambios que no se anunciaron.
Manifestaciones que terminaron con miles de heridos por enfrentamientos con la fuerza pública. A 90 días del inicio de la crisis, el Ministerio de Justicia informaba que 3.796 funcionarios de Carabineos, PDI y FF.AA. habían sido lesionados y 27 civiles habían fallecido. Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señalaba que, hasta el 30 de diciembre, registraban 3.583 personas heridas, entre ellas, 264 niños, niñas y adolescentes; 24 habían perdido ojos por impacto de perdigones policiales; 1.549 vulneraciones de derechos por parte de la fuerza pública.
La complejidad de nuestras carencias
Da acuerdo a sus índices económicos, Chile no debería tener demandas por mejorar la calidad de vida. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), la pobreza por ingresos había descendido de un 29,1% en 2006 a un 8,6% en 2017 ¿Cómo se explican entonces las demandas sociales?
Según el Hogar de Cristo, las causas de la pobreza no solo deben medirse en función de los ingresos que se perciben, sino que también “dependen de la satisfacción de necesidades básicas en áreas tan importantes como salud, educación, trabajo y seguridad social; vivienda y entorno, redes y cohesión social”. Estas son las cinco dimensiones que miden la pobreza multidimensional.
Una nueva mirada que la reconoce más compleja y que en 2015 fue incorporada a la CASEN. En 2017, un 20,7% de chilenos cumplía con las condiciones para esta nueva realidad, que sería más cruda para el mundo rural, con un 37%; los pueblos indígenas con un 30%, los nacidos fuera de Chile con un 25%, e indudablemente los sectores de bajos ingresos con un 35% para el primer quintil y un 27% para el segundo.
La desigualdad es otro concepto que da cuenta de nuestras carencias, la cual se puede observar en las altas concentraciones de riqueza. “Mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%”, expresó en 2018 el estudio Panorama Social de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Una condición que a lo largo de la última década no ha variado mucho. Según datos del Banco Mundial, el coeficiente Gini de Chile, que mide la desigualdad de ingresos, solo se ha movido de un 47 en 2011 a un 46 en 2017, en circunstancias que el 0 representa una equidad perfecta y 100 una completa inequidad.
Una realidad que, al igual que la pobreza, considera más que el dinero. “Las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas”, describe el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a la desigualdad, cuya reducción es otra de las demandas más fuertes de esta crisis.
A la desigualdad de ingreso se le suman las desigualdades en la interacción social. Un informe del PNUD 2016 concluye que “la experiencia de las personas encuestadas coincide con el tono de las conversaciones cotidianas de los chilenos: Chile es un país clasista. El machismo y el clasismo gatillan todo tipo de experiencias de menoscabo y discriminación”.
¿Por qué ahora?
El segundo país latinoamericano con mayor ingreso per cápita, cercano a los 16 mil dólares, según el Banco Mundial, registraba en 2018 un ingreso promedio mensual de la población que trabajaba en 510 dólares aprox. (400.000 pesos), según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En la misma línea, hasta junio de 2019, el promedio de las pensiones para los jubilados era de 339 dólares aprox. (262.417 pesos), según la Superintendencia de Pensiones.
Bajos ingresos y un costo de vida cada vez más difícil de abordar. Un ejemplo son las carreras universitarias, que tienen a más de 870 mil jóvenes endeudados con el Crédito con Aval del Estado (CAE), en algunos casos por más de 20 años. Por otro lado, el país cuenta con los políticos más caros del continente, con ingresos equivalentes a 34 sueldos mínimos, en el caso de los senadores. Situaciones que generan suspicacias frente a cómo los representantes abordan este y otros problemas sociales, profundizando una crisis de credibilidad ante las instituciones democráticas.
Desconfianza alimentada en el último tiempo por la revelación de casos de corrupción, como el financiamiento ilegal en la política por la empresa SQM; los fraudes al Estado por las Fuerzas Públicas, en que Carabineros desvió fondos por 28 mil millones de pesos y las Fuerzas Armadas por 6 mil millones de pesos; las empresas, con la colusión de las farmacias, los pollos, los supermercados; los fraudes al Fisco, como el caso Penta, entre otros. Hechos que, además, y en su mayoría, terminaron con multas bajas, sin condena de cárcel, pero sí con clases de ética, dejando una sensación de impunidad.
¿Qué pasa con el ciudadano común? El 76% asegura estar endeudado. Es cierto, somos una sociedad consumista y cada vez más competitiva. No queremos tener menos que el del lado y socialmente la alegría parece medirse por lo que se tiene y no por lo que se hace o cómo se disfruta. “Tener una buena pega” es lo mismo que decir “gana buenas lucas”. De entrada, no nos fijamos en otras bondades que pueda tener un empleo, como el tiempo que nos deja para la familia. Sin embargo, tampoco el nivel de endeudamiento es solo por ambición o por demostrar.
El país escondía no solo una brecha económica profunda, sino también de concepción de realidad. Comentarios de miembros del gobierno reflejaron aquello. Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía, recomendó a la gente que “se levante más temprano para pagar menos en el Metro”, aludiendo a la tarifa previa al horario punta; Luis Castillo, subsecretario de Redes Asistenciales, dijo que “algunos van al consultorio (de salud) como un lugar para hacer vida social”, y Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda, señaló que “la mayoría somos propietarios de una casita, dos departamentos”.
Suma de hechos que llevan a comprender que esta crisis tiene una fuerte raíz en la cuestión moral y ética, impulsada por el individualismo que impide priorizar el bien común, potenciada por el exitismo social asociado al consumo de bienes materiales, que obvian a la persona como tal, tanto en sus derechos como individuos como en sus deberes con la sociedad.
Hoy son necesarios canales de participación donde las personas puedan compartir sus anhelos para el país, como tener mejor acceso a la salud, educación, seguridad social (pensiones), donde el ingreso económico no determine su calidad, para así construir juntos el tejido social donde la solidaridad esté en el centro.
“Donde está tu tesoro ahí estará tu corazón” (Mt 6,21)
En la última encuesta de Ipsos-Espacio Público (2019), ante a la pregunta “¿Cuál cree usted que es la característica más importante que debieran tener nuestros líderes para conducir una solución?”, el 72% respondió “Empatía y conocer bien los dolores de las personas que viven en Chile”. Esto puso en evidencia que esas actitudes estaban ausentes en quienes han liderado y tomado las grandes decisiones que afectan la vida de los chilenos.
Los modelos y sistemas económicos son producto de decisiones. Siempre hay detrás personas con actitudes y valores. Por tanto, las crisis sociales tienen en la base un problema moral y la Iglesia desde sus inicios lo ha evidenciado. “La cuestión social es principalmente moral y religiosa” ( S.S. León XIII, Graves de communi, 10).
La Iglesia no se sustrae a los problemas sociales. Con una actitud profética, que “denuncia” y “anuncia”, ha desarrollado una enseñanza social que asume la defensa de la dignidad humana. “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (Gaudium et Spes, 1).
Cuando se percibe que ciertos bienes socialmente deseados y necesarios están distribuidos de manera injusta, la paz se rompe. La Palabra de Dios en varios momentos de la Historia de la Salvación insiste en que “la paz es fruto de la justicia” (Isaías 32, 17).
Santo Tomás de Aquino (1225- 1274) distingue la “justicia conmutativa” de la “justicia distributiva”. La primera regula el intercambio y enfatiza el derecho de las personas que ya tienen algo y pueden llegar al mercado. La segunda, regula la distribución de los bienes entre los miembros de una comunidad, según las necesidades de cada uno. Si bien ambas “justicias” son necesarias, la pobreza y la desigualdad son productos de las decisiones que solo toman en cuenta la “conmutativa”.
Trasladadas esas distinciones al Chile actual y reflexionando sobre esta crisis, el obispo Fernado Chomalí escribió: “El país apostó por un modelo que gira en torno al consumo, a la competencia, al tener más. Ello deja heridos en el camino. (...) La respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? ha de estar, desde hoy, centrada en el otro y no en uno mismo. Solo así se terminará con las odiosas distancias que nos separan y que nos segregan”.
La Iglesia, a través de su Doctrina Social, ilumina la compresión de esta crisis. Los obispos de Chile, en el mensaje de la Navidad pasada, recordaban que Jesús “comparte la vida y la historia de la humanidad entera”. Si el “tesoro” de quienes formulan las grandes políticas públicas son las necesidades de los otros, “su corazón” será capaz de construir una “gran mesa”, donde todos tengan cabida. Solo así se podrá dialogar y lograr la anhelada y verdadera paz.
Que la rabia no destruya la paz
Entre los hechos de violencia de este estallido, algunos templos católicos a lo largo de Chile también fueron destruidos y atacados. Uno es el Santuario María Auxiliadora de Talca, durante la noche del 11 de noviembre, cuando una turba de manifestantes forzó uno de los accesos para sacar las bancas a la calle y prenderles fuego, además de romper todo tipo de mobiliario, imágenes y profanar el Santísimo.
A pesar de que los actos de violencia puedan opacar las demandas sociales y generar rabia, pena o impotencia y hieran la sensibilidad religiosa de muchos y muchas, la familia salesiana de Talca decidió afrontar la crisis poniéndose al servicio de los demás. En la parroquia Santa Ana, ubicada en la ciudad, se organizaron jornadas y encuentros dirigidos a los asesores de pastoral juvenil, consejo parroquial y agentes pastorales para hablar sobre la situación con una mirada crítica desde la Doctrina Social de la Iglesia y trabajar como líderes salesianos en tiempo de crisis.
Al igual que en Talca, en todo el país se realizaron actividades para reflexionar sobre el tema. La Escuela Industrial San Ramón, de La Serena, elaboró un plan de contención emocional para empatizar con quienes conforman la Comunidad Educativo Pastoral (CEP) y así responder ¿qué haría Cristo en mi lugar?
En la Escuela Agrícola Don Bosco de Linares se desarrollaron charlas de historia y leyes constitucionales para docentes y una marcha pacífica por las calles de la ciudad. El Instituto Salesiano de Valdivia y el Colegio María Auxiliadora se reunieron para orar por Chile. Finalmente, los colegios de Valparaíso, Alameda y ODB realizaron cabildos con sus estudiantes, concluyendo con un plenario donde expresaron su sentir, necesidades y anhelos de participación.
Sin miedo a soñar lo imposible
Conscientes de ser una de las instituciones con una fuerte crisis de credibilidad, nuestra Iglesia ha hecho un llamado a la oración, a fortalecer la cultura de encuentro y comprensión, donde todos, creyentes y no creyentes, sean capaces de escuchar y empatizar con los sufrimientos y malestares cotidianos de la sociedad.
“Chile necesita un diálogo social centrado en las personas y una amistad cívica fundada en el bien común, esto es, en instancias donde los actores políticos, sociales y económicos puedan prescindir de sus intereses particulares para trabajar por proyectos consensuados, en que la mayoría nos reconozcamos”, señaló la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) el 19 de octubre.
En sintonía con este mensaje, el Provincial de los Salesianos en Chile, P. Carlo Lira, invitó a no perder la esperanza en medio del caos, sino más bien a soñar con una sociedad mejor. “Es hora de avanzar, respetándonos y escuchándonos de corazón. Don Bosco nos enseña que el amor es la fuerza que nos renueva y desarrolla. Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por aportar en cada uno de los ambientes en que nos desenvolvemos, para así recuperar la convivencia armoniosa, sabiendo que la meta final no es inmediata, pero es posible”, expresó.
Luego de semanas de movilizaciones, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, Mons. Celestino Aós, también reflexionó en una entrevista al periódico Encuentro, en la que indicó que “todos tenemos una cuota de responsabilidad, ciertamente algunos más que otros, porque cuando uno asume un cargo, también acepta una mayor exigencia, pero ninguno puede decir ‘yo no tengo nada que ver con esto (...)’. Si no se hacen cambios profundos, estaremos hablando de maquillaje y volveremos a repetir la misma historia”. En esta línea, invitó a abrir las iglesias y convocar a las personas a dialogar y expresar sus sentimientos.
Para responder a este llamado, la Vicaría para la Educación, Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Universidad Católica Silva Henríquez desarrollaron una plataforma web que ofreció una metodología para realizar cabildos, material de apoyo y una herramienta online para registrar el trabajo desarrollado. En esta actividad participaron 872 personas y se registraron 114 cabildos.
Según los primeros resultados, las palabras más repetidas fueron desigualdad, injusticia, pensiones, educación, salud, sueldos, sociedad, políticos, abuso, crisis e inequidad. Para el P. Jorge Muñoz, Vicario de la Pastoral Social Cáritas, cada una de estas palabras tiene “un mundo entero detrás (...); cada una de ellas nos habla de la dura realidad que millones de chilenos y chilenas enfrentan”.
Los datos recogidos en este proceso serán sistematizados por la Universidad Católica Silva Henríquez para publicar posteriormente un documento final que será enviado a las comunidades participantes, organizaciones sociales, medios de comunicación, Gobierno de Chile y Congreso Nacional.
Un Chile para todos
En este inminente proceso constituyente de abril próximo, ¿seremos capaces de encontrarnos para lograr el tan anhelado bien común? ¿Podrán garantizarse mejores oportunidades a los que menos tienen redactando una nueva Carta Magna? Las respuestas a estas preguntas serán satisfactorias en tanto se produzca una verdadera transformación de quienes conformamos la sociedad.
La incertidumbre del cambio nos exige mayor compromiso y empatía entre nosotros para ser puentes sólidos que se conecten, aun en las diferencias, pues todos, sin excepción, estamos llamados a ser esos buenos cristianos y honestos ciudadanos que juntos construyen un país mejor, un país llamado Chile.
Por Karina Velarde, Paulo Inostroza y Claudio Jorquera
